BUSCAN CONOCER LA HISTORIA DE NIÑOS ALOJADOS
EN HOGARES PARA EVITAR QUE CONTINUEN ENCERRADOS
Por Pedro Andrés Ylarri
BUENOS AIRES, may 5 (DyN) – Organismos de la sociedad civil y los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a indagar la historia de niños y adolescentes alojados en institutos, hogares y orfanatos con el fin de evitar que continúen en una situación de encierro, algo prohibido por convenciones internacionales.
Unos 20 mil niños permanecen en la actualidad privados de la libertad por causas asistenciales y penales en Argentina, de los cuales al menos 17 mil, 85 por ciento, no debería estarlo de acuerdo a la normativa nacional, ya que fueron encerrados por ser huérfanos o vivir en un contexto de pobreza, entre otras causas.©
El convenio firmado días atrás entre Unicef Argentina y el gobierno porteño para «desjudicializar y desinstitucionalizar» la infancia actúa como referencia, ya que pretende atender «la problemática específica de cada uno» de los niños, conociendo la «historia» y la «identidad» de los menores de edad encerrados.
Es importante «trabajar con una base de datos más clara para saber cómo se llama cada uno de los chicos, qué le pasó, a fin de brindarle la posibilidad de restituir los lazos familiares o un espacio simbólico de familia y ver de qué manera lo podemos ayudar», dijeron los firmantes.
El convenio beneficiará a 300 niños atendidos por la Ciudad y a otros 650 que están alojados en centros de la Nación, lo que en conjunto alcanzará a sólo 5,8 por ciento de los 17 mil que están privados de la libertad en «forma ilegítima».
La provincia de Buenos Aires comenzó a promover hace dos meses la apertura de «Consejos locales» en más de 90 distritos, que pretenden estudiar la «historia» y «situaciones» de niños y adolescentes para definir «cuadros de situación», dijo a DyN la subsecretaria de Minoridad, Cristina Tabolaro.
La funcionaria explicó que la iniciativa fue lanzada en el marco de la Ley de Protección de la Infancia bonaerense, de 2004, recién habilitada a fines de febrero por la Suprema Corte, al levantar la suspensión dispuesta por «incompatibilidad».
Las trabas quedaron sin efecto cuando la provincia lanzó los nuevos tribunales destinados a niños y adolescentes, en reemplazo de los de Minoridad, que «sostenían la cultura tutelar» en la provincia más importante del país, agregó Tabolaro.
Los planes bonaerenses, porteño, y de otros distritos del interior apuntan en primera instancia a «favorecer la revinculación familiar» y a «fomentar la creación de instancias alternativas al alojamiento en hogares», informaron a DyN fuentes oficiales.
El acogimiento familiar «en sus distintas modalidades» y el padrinazgo son, según Unicef, instancias «eficaces» anteriores al hospedaje en hogares, y son utilizadas en el extranjero.
El salvataje de niños encerrados «es aún más urgente» en el caso de menores de edad alojados en hogares o institutos por vivir en condiciones de pobreza, abandono, malos tratos, abuso sexual, renuncia a patria potestad, progenitores infectados con HIV, sustitución de identidad o causales médicas.
La psicóloga Ana María Dubaniewicz, en «La internación de menores como privación de libertad», obra que será presentada este mes, sostiene que los niños que ingresan en hogares por motivos asistenciales y «sin causa penal, son discriminados, segregados, victimizados, sujetos a tratos inhumanos, supresión de identidad y a secuestro».
En realidad, el objetivo de conocer la historia de los niños encerrados es suprimir la «Cultura Tutelar», instaurada por la Ley de Patronato de 1919, por la cual, según Dubaniewicz, «el Estado ha producido un abandono secundario de los niños tutelados, autorizando y fomentando sistemas de exclusión».
La «cultura del patronato» o «sistema tutelar» autorizó al Estado «y en especial a la Justicia» a disponer de los niños ante casos delictivos y de vulnerabilidad social, «proponiendo como primera medida el encierro, cuando debería ser la última opción», manifestaron a DyN fuentes de Unicef.
La ley de 1919, junto al Régimen Penal de la Minoridad (1980) y miles de normas, códigos y resoluciones dictados en los últimos 90 años, crearon esa «ideología», por la cual el Estado tenía la potestad de los derechos del niño y «no la persona», explicaron desde el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
En 2005, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes erradicó el sistema tutelar y dictaminó que la falta de recursos «no autoriza la separación (del niño) de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización».
La privación de la libertad es contraria además al espíritu de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1990, en particular en su artículo 9, que limita la sustitución de la familia a circunstancias en las que es «necesaria» para el «interés superior del niño».